Mujeres indígenas de las Américas repudian violencia cometida por fuerzas del orden en Colombia
Niña embera sufre violencia sexual a mano de siete militares en Colombia en pleno estado de emergencia.
Una niña indígena de 13 años, perteneciente al pueblo embera de Colombia, fue secuestrada y abusada sexualmente por siete militares cuando estaba recogiendo frutas cerca de un campamento militar en el Resguardo Gito do Kabu en el departamento de Risaralda. Ante la denuncia, los militares fueron detenidos y entregados a la fiscalía, ante la que han admitido el hecho.
Aida Quilcué Vivas, Consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), señaló que este hecho es una manifestación de un problema estructural. “No es un tema aislado, es un tema estructural, es una doctrina de la Fuerza Pública que debe ser desmantelada en bien de la paz y de Colombia y que esa forma de mirarnos de manera xenofóbica se elimine en el país”, declaró.
El abuso de las fuerzas del orden trasciende el hecho por ser un problema sistémico que, amparándose en el racismo y la discriminación, ha impactado en la vida de las mujeres indígenas de las Américas, del norte, el centro y el sur del continente a lo largo de la historia y que pone en riesgo su salud y su seguridad.
Frente a esta situación, la Coordinadora Continental del ECMIA, Tarcila Rivera Zea, declaró que los militares tienen el deber de resguardar la vida de las personas y no lo contrario. “Nos pronunciamos con indignación y dolor las mujeres y los pueblos indígenas porque las fuerzas militares, que son un aparato del Estado, están creadas para defender vidas”, indicó.
La Coordinadora Continental explicó la necesidad de contar con personas comprometidas y justas el servicio que le brindan al pueblo. “Necesitamos militares y funcionarios que sean realmente responsables de los cargos que asumen. No podemos permitir que entidades que deben velar por nosotras sean perpetradores en la violación de nuestros derechos humanos fundamentales”, comentó.
Actualmente, los militares que perpetraron el crimen esperan su sentencia y las mujeres indígenas de las Américas exigimos justicia, sumándonos a la Coordinadora del ECMIA Sur, Melania Canales Poma, quien ha exigido una investigación profunda e imparcial de los hechos, así como una sanción a los culpables.
El ECMIA en su informe “Mujeres indígenas frente a la pandemia del COVID-19” recomendó a los Estados de las Américas fiscalizar las acciones de las fuerzas militares y policiales al momento de hacer cumplir las medidas contra el COVID-19 con pueblos indígenas, en especial con mujeres indígenas, para poner fin a todas las formas de represión y violencias y garantizar un trato digno. Por ello, exigimos que se retome esta recomendación para evitar más casos de violencia contra las mujeres perpetrada por las fuerzas del orden en los diferentes pueblos indígenas de nuestro continente.
