A 10 años del Consenso de Montevideo, ECMIA alerta sobre la falta de medidas efectivas frente a las violencias

Posicionamiento en el marco de la Quinta Conferencia Regional de Población y Desarrollo de America Latina y el Caribe
Cartagena, julio de 2024

El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), sus organizaciones integrantes, lideresas mujeres y juventudes representativas de 23 países, venimos dando seguimiento a los compromisos internacionales sobre población y desarrollo desde la Conferencia Internacional realizada en El Cairo en 1994.

A nivel regional, incidimos en la formulación, adopción y seguimiento al Consenso de Montevideo desde el 2013 impulsando la creación y transversalización de políticas, programas y otras medidas con perspectiva intercultural e intergeneracional en las Conferencias Regionales y en los mecanismos e iniciativas de participación y monitoreo implementadas por la sociedad civil.

A pesar de los 10 años del Consenso de Montevideo, los Estados no han establecido medidas efectivas, incluyendo mecanismos de alerta, frente a la vulneración de derechos individuales y colectivos a las que nos vemos sometidas las mujeres, juventudes y niñez indígenas, incluyendo nuestro derecho a la libre determinación.

La ausencia de políticas públicas y mecanismos apropiados que garanticen nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos se evidencia en la persistencia de la esterilización forzada, la aplicación de métodos anticonceptivos en nuestros cuerpos sin consentimiento, la violencia sexual contra la niñez, la trata de personas y abuso a niñez y juventudes indígenas por presencia de agentes externos como las industrias extractivas, la criminalización de las defensoras de derechos, de las médicas y de las parteras indígenas, con alto índice de violencia obstétrica, y la apropiación indebida de los conocimientos sobre la salud indígena, sin participación y sin consentimiento previo de las poseedoras de estos conocimientos. Estas violencias son agudizadas por el avance de los fundamentalismos religiosos y los movimientos antiderechos y ultraconservadores que invaden nuestros territorios.

Persiste la invisibilización de los aportes de las mujeres y juventudes indígenas en la implementación del Consenso de Montevideo. Asimismo, se evidencia la falta de datos desagregados por pertenencia a los pueblos indígenas, idioma, edad, diversidad sexual, migración, discapacidad, situación económica, tenencia de la tierra colectiva e individual, entre otras, que permitan evidenciar las diversas barreras para el ejercicio pleno de nuestros derechos individuales y colectivos en el marco del Consenso de Montevideo y tomar medidas oportunas, prioritarias y efectivas para erradicarlas.

Consideramos que los 16 indicadores que miden el seguimiento del Consenso en el Capítulo H sobre los Pueblos Indígenas contribuyen a visibilizar los avances en materia de reconocimiento de nuestros pueblos como sujetos colectivos de derechos. Sin embargo, en nuestras realidades vivimos la limitación en la implementación de los estándares internacionales mínimos para proteger a los pueblos indígenas que somos quienes estamos a su vez protegiendo los territorios que permiten la vida de la población en nuestra región.

Reconocemos los esfuerzos de algunos Estados por incorporar la perspectiva intercultural en los planes y programas. Sin embargo, para que dicha perspectiva se materialice de manera transversal y apropiada, es indispensable garantizar la participación plena y efectiva, y desarrollar procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado a través de nuestras estructuras organizativas propias de los pueblos, mujeres y juventudes indígenas, que se fundamenten en los planes de vida.

Por tanto, en el marco de los 10 años del Consenso de Montevideo y los 30 años del Programa de Acción de El Cairo, las mujeres y juventudes indígenas de las Américas hacemos el llamado a:

1. Los Estados deben tomar medidas legislativas e implementar políticas públicas nacionales y subnacionales, que incluyan planes y programas estratégicos, con presupuestos específicos y suficientes, para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, mujeres, juventudes y niñez, con perspectiva intercultural, intergeneracional e interseccional para la implementación de los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo, con énfasis en el Capítulo H, en articulación con la Recomendación General 39 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas.
2. Los Estados deben garantizar la participación plena de los pueblos, mujeres y juventudes indígenas en el diseño, implementación y la evaluación de políticas y programas y transversalizar la perspectiva intercultural en todas las medidas estatales orientadas a la implementación del Consenso de Montevideo, respetando nuestros planes de vida como pueblos indígenas.
3. Exhortamos a las agencias internacionales y a los Estados a fortalecer todos los indicadores del Consenso de Montevideo considerando la información que se genera desde los pueblos indígenas, así como construir los mecanismos que aseguren nuestra participación plena para el análisis de datos con enfoque intercultural.
4. Los Estados deben diseñar e implementar con plena participación de los pueblos, las mujeres y las juventudes indígenas medidas que garanticen la prevención, el abordaje integral y la erradicación de las múltiples violencias que se sostienen en el racismo, el machismo y el colonialismo, para garantizar el ejercicio del Buen Vivir.
5. Los Estados deben eliminar la criminalización del ejercicio de las prácticas y los conocimientos indígenas en materia de salud. Asimismo, deben reconocer los sistemas de salud indígena y generar condiciones para su ejercicio por los mismos pueblos indígenas, mediante la asignación de presupuestos y otras medidas complementarias, en el marco del derecho a la libre determinación, de acuerdo a los instrumentos internacionales.
6. Los Estados deben reconocer, valorar y retribuir la labor de cuidados que realizan las mujeres indígenas y nuestros pueblos, a partir de nuestra visión que considera el cuidado de todas las formas de vida, incluyendo la familia, la comunidad, el agua, las semillas y el territorio.

Celebrando nuestros avances y aprendizajes como mujeres y juventudes indígenas y reconociendo la trayectoria del movimiento amplio y diverso de mujeres, a 30 años desde la adopción del Programa de Acción de El Cairo y a 10 años del Consenso de Montevideo, reafirmamos nuestros compromisos como representantes de organizaciones de pueblos, mujeres y juventudes indígenas en la incidencia en los marcos normativos, políticos e institucionales para garantizar efectivamente el ejercicio del derecho a la libre determinación en nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestras vidas desde una perspectiva integral, multidimensional e intercultural que ponga fin a las barreras históricas y estructurales que enfrentamos.

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