Declaración en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo
IV Conferencia de Población y Desarrollo
Santiago, 28 al 30 de junio de 2022
Las organizaciones feministas y de los movimientos de mujeres, defensoras de derechos humanos y activistas, reunidas en el Foro de Sociedad Civil en el marco de la IV Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo realizada del 28 al 30 de junio de 2022 en Santiago de Chile. Les recordamos a los Estados de la región que se comprometieron con la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo como una hoja de ruta para atender los problemas de población y de desarrollo. Sin embargo, el Consenso de Montevideo, considerado como el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo, quedó relegado en su implementación y en el cumplimiento de sus acuerdos desde antes de la pandemia.
En el 2023 se cumplirán 10 años de este acuerdo, consideramos como una cuestión URGENTE que los Estados tomen medidas claras, específicas, con recursos económicos suficientes para garantizar lo comprometido, especialmente los derechos sexuales y derechos reproductivos con pertinencia cultural, territorial, con enfoque de género, etnico, racial y accesible para personas con discapacidad asumiéndolos como derechos humanos universales.
En 2020, se declaró la emergencia sanitaria en los países de la región, ante lo cual los gobiernos tuvieron respuestas dispares para enfrentar la grave situación, donde la asignación de recursos económicos y humanos no siempre fueron suficientes, tampoco el diseño e implementación de planes y políticas públicas. Esto afectó particularmente a aquellos grupos históricamente marginalizados, como a mujeres afrodescendientes, indígenas, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, embarazadas, con discapacidad en su amplia diversidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, personas con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, migrantes, privadas de libertad, mujeres habitantes de calle, mujeres usuarias de drogas, mujeres víctimas de conflicto armado y desplazamiento quienes residen en las zonas fronterizas, víctimas de trata y tráfico con fines de explotación sexual y/o servidumbre, solicitantes de refugio, entre otras, que son quienes más sufren las consecuencias de las brechas de desigualdad y pobreza que se arrastran desde antes de la llegada de la pandemia y que se agudizaron al focalizar la atención solamente en la emergencia sanitaria y no así en las demás crisis.
Asimismo, se evidenció el acceso diferencial y desigual a las vacunas contra la COVID-19 relacionada a los mercados de producción de vacunas. Igualmente, alertamos que los certificados de vacunas podrían excluir a millones de personas migrantes y desplazadas, de acceder a servicios de salud o emergencia.
Durante el último año el 64% de los países de América Latina y el Caribe declararon interrupciones en los servicios de: planificación familiar y anticoncepción, los servicios de prevención y respuesta a la violencia sexual y de pareja y los servicios de aborto seguro y atención de posaborto. Hemos evidenciado que ha habido un aumento de la mortalidad materna prevenible relacionada con embarazos no intencionales en adolescentes y partos en menores de 15 años. Incrementó en la prevalencia de matrimonios y uniones forzadas de niñas y adolescentes. Por lo que podemos afirmar que aún existen importantes barreras para ejercer el derecho a la autonomía y la libertad sexual en América Latina y el Caribe.
En la región, en el año 2021 un 13,8% de la población estaría en pobreza extrema, retrocediendo los avances que se habían logrado en algunos países, y en otros agudizando las severas condiciones preexistentes. Nuestras oportunidades laborales y de subsistencia económica se han visto afectadas, aumentando el desempleo y la precarización, que afectan especialmente a jóvenes, el crecimiento de la informalidad, la falta de respuesta oportuna por parte de los Estados, y el cierre de los mecanismos y espacios de interlocución con la sociedad civil.
Se ha profundizado la invisibilización y precarización del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, el trabajo de mujeres indígenas y afrodescendientes hacedoras del arte, mujeres rurales, mujeres campesinas. Las mujeres hemos sostenido la economía de la región, afrontando la triple jornada de trabajo, haciéndonos cargo de las tareas del hogar, el cuidado y educación.
Las medidas restrictivas de confinamiento por la pandemia del COVID 19, dejaron a mujeres, personas LGBTIQA+, mujeres con VIH, niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes expuestas a violencia dentro del hogar, incluida la violencia sexual y psicologica, con imposibilidad de acceder a servicios de salud, de protección y denuncia para la atención psicosocoial y legal, incrementando la probabilidad de embarazos no intencionales y/o uniones forzadas y a temprana edad. Así también, las restricciones por género para salir a las calles durante el confinamiento, afectaron a las personas trans exponiéndolas a la violencia y discriminación que en muchos casos desembocó en agresiones físicas; asimismo incrementaron las desapariciones de mujeres y jóvenes y los feminicidios especialmente entre quienes tienen mayores condiciones de vulnerabilidad y empobrecimiento, llegando incluso a descubrirse fosas comunes con decenas de mujeres asesinadas como es el caso de El Salvador.
A todo esto se suma la negligencia en la asignación presupuestaria, priorizando el cuidado de sectores económicamente privilegiados por sobre el de poblaciones vulneradas, particularmente mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afrodescendientes, en desmedro de la salud integral y la educación, incluyendo la educación integral en sexualidad en los países en los que había. Se destinaron mayores recursos economicos para la imposición de toques de queda así como la militarización de algunas ciudades; la criminalización de protestas sociales, con crecimiento de asesinato de activistas y defensoras de derechos humanos, como sucede particularmente en Ecuador, Brasil y Colombia; el cierre arbitrario de fronteras, persecución y judicialización de organizaciones de sociedad civil; el encarcelamiento injustificado de personas, restricciones a la libertad de expresión, con alarmantes niveles de corrupción e impunidad en los organismos públicos alcanzando incluso los sistemas de justicia, como han señalado organizaciones feministas y de mujeres de Centroamérica.
Se retiraron recursos para la transversalización de género en la gestión pública, a la investigación científica, la educación, la atención integral de la salud, la lucha contra la violencia basada en género, así como para la seguridad social o gasto social, sin asegurar rentas mínimas básicas para las personas que perdieron sus empleos o aquellas que desde el trabajo informal nunca tuvieron acceso a seguridad social, como las trabajadoras sexuales, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales y campesinas, trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, entre otras, quienes durante las medidas de aislamiento por el COVID 19, vieron disminuidos sus ingresos, y en algunos casos perdiendo sus fuentes de supervivencia, quedando en total desamparo.
En la región, en el año 2021 un 13,8% de la población estaría en pobreza extrema, retrocediendo los avances que se habían logrado en algunos países, y en otros agudizando las severas condiciones preexistentes. Nuestras oportunidades laborales y de subsistencia económica se han visto afectadas, aumentando el desempleo y la precarización, que afectan especialmente a jóvenes, el crecimiento de la informalidad, la falta de respuesta oportuna por parte de los Estados, y el cierre de los mecanismos y espacios de interlocución con la sociedad civil.
Se ha profundizado la invisibilización y precarización del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, el trabajo de mujeres indígenas y afrodescendientes hacedoras del arte, mujeres rurales, mujeres campesinas. Las mujeres hemos sostenido la economía de la región, afrontando la triple jornada de trabajo, haciéndonos cargo de las tareas del hogar, el cuidado y educación.
Las medidas restrictivas de confinamiento por la pandemia del COVID 19, dejaron a mujeres, personas LGBTIQA+, mujeres con VIH, niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes expuestas a violencia dentro del hogar, incluida la violencia sexual y psicologica, con imposibilidad de acceder a servicios de salud, de protección y denuncia para la atención psicosocoial y legal, incrementando la probabilidad de embarazos no intencionales y/o uniones forzadas y a temprana edad. Así también, las restricciones por género para salir a las calles durante el confinamiento, afectaron a las personas trans exponiéndolas a la violencia y discriminación que en muchos casos desembocó en agresiones físicas; asimismo incrementaron las desapariciones de mujeres y jóvenes y los feminicidios especialmente entre quienes tienen mayores condiciones de vulnerabilidad y empobrecimiento, llegando incluso a descubrirse fosas comunes con decenas de mujeres asesinadas como es el caso de El Salvador.
A todo esto se suma la negligencia en la asignación presupuestaria, priorizando el cuidado de sectores económicamente privilegiados por sobre el de poblaciones vulneradas, particularmente mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afrodescendientes, en desmedro de la salud integral y la educación, incluyendo la educación integral en sexualidad en los países en los que había. Se destinaron mayores recursos economicos para la imposición de toques de queda así como la militarización de algunas ciudades; la criminalización de protestas sociales, con crecimiento de asesinato de activistas y defensoras de derechos humanos, como sucede particularmente en Ecuador, Brasil y Colombia; el cierre arbitrario de fronteras, persecución y judicialización de organizaciones de sociedad civil; el encarcelamiento injustificado de personas, restricciones a la libertad de expresión, con alarmantes niveles de corrupción e impunidad en los organismos públicos alcanzando incluso los sistemas de justicia, como han señalado organizaciones feministas y de mujeres de Centroamérica.
Se retiraron recursos para la transversalización de género en la gestión pública, a la investigación científica, la educación, la atención integral de la salud, la lucha contra la violencia basada en género, así como para la seguridad social o gasto social, sin asegurar rentas mínimas básicas para las personas que perdieron sus empleos o aquellas que desde el trabajo informal nunca tuvieron acceso a seguridad social, como las trabajadoras sexuales, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales y campesinas, trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, entre otras, quienes durante las medidas de aislamiento por el COVID 19, vieron disminuidos sus ingresos, y en algunos casos perdiendo sus fuentes de supervivencia, quedando en total desamparo.
En este sentido, es fundamental que los países de la región se aparten de las políticas de austeridad, con diseño e implementación de las políticas públicas con enfoque interseccional de derechos humanos, de género étnico-racial, prestando especial atención en la eliminación de las prácticas corruptas y de violencias estructurales. De lo contrario, el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se verán profundamente comprometidas en sus logros.
Como organizaciones feministas y de mujeres en sus diversidades, hacemos hincapie en que los temas centrales de nuestra agenda son fundamentales para la consolidación de democracias reales y sustantivas, con base en la igualdad, la no discriminación y con justicia social, de género, étnico racial, ambiental, económica, sexual y reproductiva. Recordemos que las democracias más robustas del mundo son las que respetan, promueven y garantizan los derechos humanos de absolutamente todas las personas.
Demandamos que los mecanismos de seguimiento a los acuerdos y a la resolución de esta Conferencia, así como los indicadores para medir su implementación, sean coherentes con lo establecido en los mecanismos internacionales de derechos humanos. Asimismo, que los Estados incluyan en sus informes, las políticas y mecanismos que han establecido para dar cumplimiento al Consenso de Montevideo y a los acuerdos producto de esta Conferencia.
También solicitamos a los Estados incluir como parte de los acuerdos de esta conferencia la realización de una sesión especial dedicada a la conmemoración del 10° aniversario de la adopción del Consenso de Montevideo en el año 2023, en la cual los países rindan cuentas sobre el estado de implementación de sus compromisos en virtud del Consenso con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.
Nuestros derechos humanos no deberían estar en cuarentena. Hay una emergencia regional por la violación de nuestro derecho a la vida libre de todas las formas de violencia, discriminación y racismo. Ustedes tienen la obligación de garantizarlos y la oportunidad histórica de cumplir con los acuerdos del Consenso de Montevideo. Somos millones de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes de norte a sur que seguiremos dialogando, atentas a lo que hagan, y monitoreando que no haya retrocesos, exigiendo la dignidad de nuestras vidas y el cumplimiento real de todos nuestros derechos humanos. Somos la fuerza y la voz del cambio, por nosotras y nosotres, por las y les que vienen y por las que ya no están. ¡Somos históricas!
