Declaración ECMIA - 67a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, y la sesión especial de consulta regional previa a la CSW70

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67ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, y la sesión especial de consulta regional previa a la CSW70
1 a 2 de diciembre de 2025. Santiago de Chile, Chile.

Declaración del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - ECMIA

El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - ECMIA es una red de organizaciones indígenas de 23 países del continente con 30 años de trayectoria en la promoción de los derechos individuales y colectivos de las mujeres, juventudes y niñas indígenas. Frente a la persistencia de las violencias estructurales, la discriminación y la falta de respuesta efectiva de los Estados, las mujeres, juventudes y niñas indígenas de las Américas instamos a la adopción de medidas urgentes y necesarias con enfoque intercultural, intergeneracional, interseccional y de género que garanticen el acceso a las justicias, la reparación integral y una vida libre de violencias, en pleno respeto a nuestras cosmovisiones y sistemas normativos propios.

En América Latina, la situación de las violencias que nos afectan se ha intensificado en los últimos años. A la persistencia de un sistema de dominación racista, clasista, colonial y patriarcal, se suman factores como mayor posicionamiento de los grupos ultraconservadores antiderechos, los conflictos armados y la militarización de los territorios, los asesinatos de defensoras y defensores indígenas, la criminalización de la protesta social, el incremento de feminicidios y violencias sexuales, las violencias económicas y políticas, así como las violencias ambientales que amenazan nuestra vida y espiritualidad.

A pesar de la progresiva ampliación de los marcos normativos internacionales que reconocen nuestros derechos a vidas libres de violencias, los Estados continúan sin avanzar significativamente o incluso retroceden en el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones como garantes de derechos. La ausencia de políticas públicas con enfoque intercultural, los presupuestos suficientes y la falta de datos desagregados configuran un escenario adverso para garantizar la erradicación de las violencias y el acceso efectivo a las justicias.

En algunos contextos, la justicia comunitaria, donde las Mujeres Indígenas solemos recurrir primero por su orientación, gratuidad, rapidez y su capacidad para involucrar a las familias y a la comunidad en la resolución de los conflictos, persiste la estigmatización o desacreditación al denunciar violencias que nos llevan, en muchos casos, a optar por la justicia ordinaria donde también volvemos a encontrar impedimentos.

Asimismo, la falta de documentos de identidad, la escasa legislación que contemple las realidades de los Pueblos Indígenas, la limitada cobertura institucional en las zonas rurales, así como la ausencia de personal indígena en las entidades públicas, la carencia de intérpretes y traductoras, el desconocimiento de los marcos normativos, la corrupción y la impunidad, constituyen obstáculos estructurales en el acceso a las justicias para las Mujeres Indígenas.

Esta problemática adquiere otras dimensiones en las ciudades y en contextos migratorios donde, además solemos enfrentar situaciones de desarraigo y soledad, al no contar con el acompañamiento comunitario ni con mecanismos adecuados de atención intercultural.

Para las mujeres, jóvenes y niñas indígenas de las Américas, la justicia con perspectiva intercultural significa mucho más que la sanción. Es un proceso integral que busca restablecer la armonía, sanar las heridas, garantizar que las violencias no se repitan y asegurar una vida digna y feliz, con respeto pleno de los derechos individuales y colectivos. A diferencia de la justicia estatal, que con frecuencia centra su atención en la sanción del agresor, en nuestros sistemas la víctima y la comunidad ocupan el centro del proceso.

El acceso a las justicias debe garantizar el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los Pueblos Indígenas, permitiéndonos elegir el sistema de justicia (ordinario y/o Indígena) que responda mejor a nuestras necesidades. El acceso a las justicias está estrechamente vinculado con el derecho a la reparación integral e intercultural.

Ante este contexto, instamos a los Estados y organismos internacionales a adoptar las siguientes medidas para garantizar el acceso a las justicias, la reparación integral y la erradicación de las violencias que afectan a las Mujeres, Juventudes y Niñas Indígenas:

1. Garantizar mecanismos efectivos de acceso a las justicias, la protección y reparación, con perspectiva intercultural y respeto a nuestras cosmovisiones, libres de racismo, discriminación y violencias patriarcales.

2. Garantizar el reconocimiento jurídico de los sistemas normativos y de justicia propios de los Pueblos Indígenas, asegurando su coordinación con el sistema judicial estatal bajo principios de igualdad sustantiva, perspectiva intercultural y no discriminación, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la Recomendación General N.º 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas.
3. Destinar recursos técnicos y financieros para fortalecer los sistemas de justicia indígena, mejorar la atención a mujeres, juventudes y niñas víctimas y sobrevivientes de violencias, e impulsar procesos de sensibilización dirigidos a las autoridades comunitarias. Esto debe incluir la participación plena, efectiva y paritaria de las mujeres en los espacios de decisión.
4. Reconocer los procesos de sanación individual y colectiva como parte integral de la justicia y la reparación, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición y desarrollar políticas y programas interculturales que incorporen dimensiones económicas, psicosociales, espirituales y de memoria dignificadora.
5. Crear instancias especializadas para la atención de casos de violencias contra Mujeres Indígenas, dirigidas por Mujeres Indígenas y con la participación de intérpretes, traductoras y peritas en lenguas y cosmovisiones indígenas, garantizando procesos accesibles, seguros y libres de discriminación.
6. Incluir el juicio por jurado indígena dentro de la justicia estatal, con la participación activa de sabias mayores y autoridades espirituales, para asegurar procesos con enfoque intercultural, ética y comunitaria.
7. Promover el acceso de las Mujeres Indígenas, el enfoque intercultural y el abordaje del pluralismo jurídico en la carrera de Derecho. Fortalecer las redes de abogadas indígenas y generar espacios de intercambio de estrategias en litigios estratégicos y peritajes culturales y de género, con financiamiento suficiente para su implementación.
8. Eliminar las múltiples barreras estructurales que enfrentan las Mujeres Indígenas para denunciar las violencias y acceder a las justicias. Ello implica promover una cultura de denuncia, fortalecer los mecanismos de defensoría pública y registro de evidencias, garantizar el acceso a documentos de identidad y fomentar la autonomía económica, entre otras medidas.
9. Reconocer y fortalecer las buenas prácticas de reparación y resarcimiento integral impulsadas por las propias Mujeres Indígenas, brindando acompañamiento técnico y jurídico a las víctimas y sobrevivientes. La reparación y resarcimiento integral debe ser justa, digna e intercultural, incorporando:
A. Indemnización económica y restitución material, incluyendo el acceso a la tierra y la vivienda.
B. Atención a la salud psicosocial, emocional y espiritual, con acompañamiento de autoridades y sabedores ancestrales.
C. Dignificación de la memoria mediante reconocimientos públicos, actos simbólicos y espacios de homenaje a las víctimas.
Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para la implementación de la Recomendación General N.º 39 y la consolidación de políticas públicas interculturales, integrales e intergeneracionales y con enfoque interseccional, de género y de derechos humanos que garanticen una vida libre de violencias para todas las Mujeres, Juventudes y Niñas Indígenas de las Américas.

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