Declaración Política del IX Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas

A 30 años de caminar juntas por los derechos de las mujeres, juventudes, niñas y Pueblos Indígenas
16 a 19 de octubre de 2025. Lima, Perú. 

Nosotras, mujeres y juventudes Indígenas de las Américas, reunidas en el IX Encuentro Continental del ECMIA, celebramos 30 años de vida orgánica y autónoma. Treinta años de caminar desde la palabra y la acción, la hermandad, el corazón colectivo, tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos y construyendo puentes entre Territorios, generaciones y cosmovisiones para el ejercicio de nuestros derechos humanos, derechos individuales y colectivos. Hemos acompañado procesos clave, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), la Plataforma de Acción de Beijing (1995), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y las Recomendaciones Generales N° 39 sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas (2022); y 40, relativa a la Representación Igualitaria e Inclusiva de las Mujeres a los Sistemas de Toma de Decisiones del Comité CEDAW (2024); la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, de las Naciones Unidas (2000) entre otros instrumentos que afirman nuestros derechos individuales y colectivos.

Entre 2020 y 2025, hemos enfrentado una agudización de crisis sistémicas: climática, sanitaria, alimentaria, cultural, tecnológica, social, política y económica, que impactan de manera desigual y desproporcionada en nuestros Pueblos, mujeres, juventudes y niñas Indígenas, incluyendo aquellas con discapacidad. Persisten las múltiples violencias, los despojos territoriales, las violencias estructurales, la criminalización de defensoras, y las violencias digitales, simbólicas y espirituales que nos ponen en alerta amenazando nuestros cuerpos y Territorios. A ello se suman los retos derivados de la transición energética, la inteligencia artificial, la migración forzada, y los conflictos armados que reconfiguran nuestras realidades, poniendo en riesgo nuestra pervivencia cultural y espiritual.

Sin embargo, reafirmamos que desde los territorios emergen respuestas transformadoras. Las mujeres indígenas sostenemos la vida, las comunidades, impulsamos procesos de justicia climática y restaurativa, participamos en la vida pública y política y proponemos nuevos paradigmas de gobernanza basados en la reciprocidad, la autodeterminación y el cuidado de la Madre Tierra.

Reconocemos la Recomendación General No. 39 del Comité CEDAW de la ONU como un hito jurídico en materia de derechos colectivos e individuales. Desde el movimiento de mujeres Indígenas, el resultado de un largo proceso de incidencia, consulta y construcción colectiva, que establece obligaciones específicas a los Estados para garantizar los derechos de las mujeres y niñas Indígenas, donde las articulaciones globales como el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y las redes regionales representativas como el ECMIA tuvimos un rol fundamental.

Destacamos el rol de los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para exigir rendición de cuentas frente a las violencias estructurales y la discriminación racial. Asimismo, reconocemos y felicitamos los esfuerzos de los movimientos de mujeres Indígenas en la articulación con el FIMI en el marco de sus 25 años de existencia, su contribución al diálogo político y la filantropía transformadora.

A pesar de los avances, persisten brechas profundas, el colonialismo, el racismo, la discriminación, el acceso a las justicias, la participación política, el reconocimiento de nuestras autoridades tradicionales, la distribución equitativa de los recursos y la protección de nuestras defensoras. Los Estados aún no han adoptado mecanismos de implementación efectivos y presupuestados que aseguren la aplicación de los instrumentos internacionales con pertinencia cultural y territorial. La ausencia de datos desagregados y de indicadores sobre Pueblos y mujeres Indígenas limita la evaluación de políticas públicas efectivas que garanticen nuestra participación desde una perspectiva intercultural e integral. Además, los modelos de desarrollo extractivistas y las reformas legales regresivas continúan vulnerando el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, afectando nuestra autodeterminación y nuestras formas propias de vida.

Por ello, recomendamos a los Estados de las Américas, al Sistema de las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano:

1. Adoptar planes nacionales de implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo Facultativo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y de las Recomendaciones Generales No. 39 y 40 del Comité de la CEDAW, con presupuestos específicos sostenibles y dignos que garanticen mecanismos de seguimiento participativos y rendición de cuentas.

2. Atender de manera urgente el avance del crimen organizado y la expansión de economías ilegales transnacionales en territorios indígenas, especialmente en las zonas fronterizas, donde ponen en grave riesgo la seguridad, la pervivencia de las comunidades y profundizan las violencias contra las niñas, niños, juventudes, mujeres y Pueblos Indígenas y los territorios en su conjunto.

3. Fomentar el ejercicio del derecho de las mujeres, juventudes y niñas Indígenas a la comunicación para tener voz propia en el debate público y político. Además, promover la educación de calidad, oportunidades de empleo y de formación ocupacional, incorporando también la educación especial que garantice un enfoque intercultural e interseccional.

4. Impulsar urgentemente sistemas para medir el desarrollo más allá del producto interno bruto, visibilizando y reconociendo los aportes de las mujeres indígenas a la economía de los países, así como la contabilización de los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos de participación laboral.

5. Armonizar la normativa vigente con el reconocimiento del Derecho al Cuidado, ampliando la visión a “cuidados” en plural, desde una mirada integral, visibilizando y reconociendo las labores comunitarias de defensa, protección, preservación y recuperación del Territorio y el cuidado de la Madre Tierra.

6. Incorporar indicadores sobre Pueblos Indígenas, mujeres, juventudes y niñas, personas mayores, y de género, que aseguren variables específicas en los informes al MESECVI, CEDAW y la Agenda 2030, garantizando la participación directa en su formulación y seguimiento.

7. Fortalecer los mecanismos de acceso a las justicias y de protección integral de defensoras y mujeres Indígenas, reconociendo la multidimensionalidad de las violencias, las interseccionalidad, asegurando recursos para su seguridad, sanación, procesos de reparación, garantía de no repetición y de resarcimiento del daño individual y colectivo.

8. Impulsar una transición energética justa y descolonial, que reconozca la soberanía territorial, la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas, que respete sus derechos y garantice su participación plena y efectiva en los procesos de toma de decisiones.

9. Garantizar la producción de datos estadísticos desagregados sobre los impactos negativos de las acciones de las industrias extractivas en nuestras vidas y en el Territorio.

10. Incorporar las epistemologías, metodologías y saberes propios de los Pueblos y mujeres Indígenas en la producción de conocimiento y en los sistemas educativos de calidad, de empleo digno, judiciales y de salud, reconociendo su valor científico y espiritual.

11. Reforzar la cooperación interinstitucional entre la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el movimiento de mujeres Indígenas para articular agendas comunes de derechos humanos, justicia climática y económica, defensa de los Territorios y la Madre Tierra, y erradicación de las violencias.

Nuestra agenda continental seguirá siendo una herramienta política de incidencia para transformar los sistemas de poder en lo local, regional e internacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, juventudes y niñas Indígenas y de la Madre Tierra. 

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el movimiento de mujeres Indígenas de las Américas desde la autonomía organizativa, la unidad en la diversidad y la solidaridad intergeneracional.

 "Treinta años tejiendo el futuro desde la palabra, la memoria y el territorio."

“Sintiendo, pensando y haciendo el futuro: Nada sin nosotras, todo con nosotras”.

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), desde la Tierra de Taulichusco, 19 de octubre de 2025.

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